130 países –entre ellos, Chile– suscribieron ayer una declaración para implementar nuevas normas tributarias internacionales con el objeto de solucionar los desafíos fiscales de la creciente digitalización de las economías.

Este plan, que se proyecta ejecutar en el 2023, establece dos pilares que garantizarían que las empresas multinacionales paguen una proporción razonable de impuestos en los países donde operan. El primer pilar establece parámetros de asignación de utilidades a las distintas jurisdicciones de operación de una compañía, mientras el segundo impone una tasa corporativa mínima global (15%).

La declaración establece que sólo las empresas con ingresos superiores a 20.000 millones de euros (US$24 mil millones) se regirán por las nuevas normas de atribución de potestad tributaria. Sin embargo, se acordó revisar los términos después de siete años, a fin de reducir el umbral a 10 mil millones de euros.

El resultado final de estas negociaciones se verá en octubre de este año, cuando concluyan los estudios técnicos para la implementación de estos dos pilares.

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