Nuestro socio, Juan Cristóbal Ortega argumenta, en diario El Mercurio que si bien se consagran los principios constitucionales clásicos en materia de impuestos, el proyecto incorpora conceptos cuyos alcances no son claros. Se nota un cambio en la forma de concebir el sistema tributario, pasando desde una institucionalidad de carácter más bien instrumental –el financiar el gasto público– hacia una que tiene fines propios –reducir las igualdades y la pobreza–. Naturalmente, la definición de los mecanismos específicos para alcanzar tales objetivos debiera estar entregada a instituciones de carácter político, atendiendo en todo caso a este marco –ya no tan estrictamente tributario– que establece el proyecto.
