Recientemente, ingresó al Senado un proyecto de reforma constitucional (Boletín N° 18.019-07) que busca incorporar el derecho a la identidad digital y a la autodeterminación informativa como garantías fundamentales, mediante la modificación del artículo 19 de la Constitución. 

La iniciativa contempla la incorporación de un nuevo numeral bis al numeral 4 actual -referido a la protección de la vida privada y los datos personales-, reconociendo de manera expresa el derecho a la identidad digital y a la autodeterminación informativa, y estableciendo deberes específicos para el Estado respecto de la protección de los datos personales que conforman dicha identidad.  

En su fundamentación, el proyecto adopta una concepción amplia de identidad digital, distinguiendo entre datos entregados voluntariamente por la persona, aquellos derivados de su actividad en línea -datos comportamentales- y los datos inferidos o agregados a partir del análisis algorítmico de la conducta digital. 

Además, establece que, ninguna persona podrá ser objeto de tratamiento automatizado o uso de datos personales sin su consentimiento, salvo en los casos y formas que determine la ley. Dicha ley establecerá las condiciones y límites del ejercicio de este derecho, los mecanismos de protección y los procedimientos aplicables para el resguardo de la identidad digital, así como la tutela especial de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. 

En este contexto, la propuesta se enmarca en una preocupación más amplia por situar a la persona, su dignidad y sus derechos en el centro de los debates asociados al desarrollo tecnológico, buscando compatibilizar los avances de la era digital con la protección de la autonomía y la capacidad de decisión individual. 

Finalmente, la propuesta legislativa hace referencia al marco normativo recientemente aprobado en materia de protección de datos personales y ciberseguridad, en particular con la Ley N° 21.719 de Protección de Datos Personales -promulgada en 2024 y que entra en vigor el 1 de diciembre de 2026-, y la Ley Marco de Ciberseguridad -promulgada en 2024 y vigente desde este año-; todo como parte de un conjunto de respuestas legislativas para la protección de la identidad y los derechos humanos en la era digital.