Ayer, 03 de agosto, el proyecto de ley que elimina y prohíbe el uso de datos relativos a deudas impagas al 30 de abril de 2022, fue aprobado por la Cámara de Diputados, pasando a su segundo trámite constitucional ante el Senado.

El proyecto, ingresado a tramitación mediante moción parlamentaria el pasado 06 de abril, bajo el número de Boletín 14888-03, busca incorporar una regulación especial a Ley N°19.628 sobre Protección de Datos Personales. Su objetivo es prohibir a los responsables de los registros o bancos de datos personales que traten información de carácter económico, financiero, bancario o comercial, comunicar al público datos relativos a obligaciones que se hayan hecho exigibles desde el 18 de octubre de 2019 hasta 31 de mayo de 2022 y se encuentren vencidas e impagas, siempre que el monto total de tales obligaciones -a la fecha de publicación de la ley en el Diario Oficial- sea inferior a $2.500.000.- por cada titular de los datos, por concepto de capital, excluyendo intereses, reajustes o cualquier otro rubro. Asimismo, no podrán proporcionar información al titular de los datos, ni comunicar el hecho de que éste haya sido beneficiado con esta disposición.

De aprobarse la norma, las prohibiciones antes señaladas serían aplicables a los distribuidores de información de carácter económico, financiero, bancario o comercial, considerando como “distribuidores” a las personas naturales o jurídicas que realizan directamente el tratamiento, comunicación y comercialización de los datos de obligaciones económicas, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

Finalmente, el proyecto incorpora una multa a beneficio fiscal en caso de incumplimiento, la que podrá ir desde 1.000 UTM a 2.250 UTM, y cuya sustanciación y aplicación se regirá por el procedimiento establecido en el artículo 16 de la ley N° 19.628, previo requerimiento del titular de los datos.

El texto actual del proyecto responde a la redacción propuesta por la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados y dejó fuera las indicaciones presentadas por el Diputado Christian Matheson, que buscaban disminuir el monto a $1.000.000.-, además de incorporar un nuevo artículo al proyecto de ley conforme el cual se otorgará al titular de los datos la posibilidad de renunciar a la prohibición establecida por la norma, en la medida en que se tratase de una renuncia expresa, realizada en forma verbal o escrita, y efectuada a través de cualquier canal de atención de la entidad autorizada para acceder a la información.

Luego de la aprobación del proyecto por parte de la Cámara de Diputados, se ofició a la cámara revisora, y el proyecto pasó a la Comisión de Economía del Senado para su revisión y análisis, encontrándose pendiente su incorporación a la tabla de citaciones de dicha comisión.